Desde hace más de 35 años los ayuntamientos de España han venido
reclamando una solución justa en materia de financiación, que se ha ido
demorando de un modo inexplicable en el tiempo. Desde el inicio de la
democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han incluido entre sus
ejes programáticos y compromisos electorales, mejorar la financiación
municipal, y siempre la FEMP ha planteado como prioridad resolver el marco
competencial y de financiación de los ayuntamientos.
Los sucesivos gobiernos no han resuelto el problema de la financiación
local, y las leyes aprobadas en estos últimos años han complicado aún más la
situación y han conseguido aumentar la asfixia económica de los ayuntamientos y
comunidades autónomas y el adelgazamiento de lo público.
La ‘reforma exprés’ del artículo 135 de la Constitución abrió el camino a
una serie de normas que constriñen la capacidad de acción de las
administraciones públicas, al introducir una regla fiscal que limita el déficit
público y prioriza el pago de la deuda.
A su vez, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera contempla las tres reglas fiscales que han sido convertidas en
‘sagradas’, como son: la no superación de un tope de déficit público, la no
superación de un tope de deuda y el respeto a la Regla de Gasto. Este último es
el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya
que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al
gasto social o a realizar nuevas inversiones. La prórroga en su aplicación ha
supuesto que las entidades locales sigan prestando servicios que no son de su
competencia y que son claramente deficitarios.
La modificación de la Ley de Bases de Régimen Local ha supuesto tener que
pasar por verdaderos quebraderos de cabeza para los ayuntamientos que quieren
poner en marcha nuevos servicios públicos en sus pueblos. Es injusto teniendo
en cuenta que es la administración más cercana a los ciudadanos y los que menos
participación tiene en los ingresos del Estado.
Los ayuntamientos, los pueblos y las ciudades, han sido auténtico motor
de cambio en nuestro país en los últimos 35 años, pueden y deben jugar un papel
clave para conseguir la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y para
incrementar la cohesión social. Pueden y deben ser la institución que con mayor
rapidez y eficacia den respuesta a las necesidades de los ciudadanos, pueden y
deben ser espacios de convivencia e integración y son sin ninguna duda el
primer lugar al que acuden los ciudadanos buscando solución a sus problemas, y
para cubrir estos objetivos son imprescindibles más recursos y más
competencias.
Por todo ello el Grupo de IU presenta ante el Pleno la siguiente moción de urgencia:
1º.- Instar
al Gobierno que garantice un debate conjunto sobre financiación autonómica y
local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y
con un modelo concertado entre gobierno central, gobiernos autonómicos y
ayuntamientos.
2º.- Instar
al Gobierno que ponga en marcha un nuevo modelo de financiación local que
garantice la suficiencia financiera de las entidades locales, la igualdad de
los municipios y la prestación de servicios básicos de calidad para todos los
ciudadanos con independencia del municipio donde residan (grande o pequeño)
3º.- Instar
al Gobierno a la aprobación de una nueva Ley de Gobierno local, y una nueva Ley
de financiación Local, que con el más amplio consenso político, establezca el
nuevo marco competencial municipal con la financiación adecuada y
suficiente.
4º.- Instar
a las Comunidades Autónomas la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a
abrir la participación de los Ayuntamientos en los ingresos de éstas. Y todo
ello en cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera de
las corporaciones locales que hoy asumen sin compensación algunas competencias
claramente autonómicas.
5º.- Apoyar
e instar a la FEMP a que ponga en marcha las iniciativas necesarias para
conseguir estos objetivos, ante la insostenibilidad de la situación de
financiación municipal existente en este momento.
6ª.- De la
presente moción se dará traslado:
- Al Presidente del Gobierno de España.
- Al Ministro de Economía.
- A los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado.
- A la Presidencia de Gobierno de las Comunidades Autónomas y a sus Grupos Parlamentarios.
- A la FEMP y en su caso a las asociaciones de municipios de cada territorio.