La aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha supuesto a juicio de muchos alcaldes y concejales del Estado español, de diferentes sensibilidades políticas, el mayor ataque a la autonomía local y a la capacidad de gestión de los ayuntamientos de todo el periodo democrático, limitando las competencias municipales en materia de servicios sociales.
Esta Ley, lejos de avanzar en la solución de los problemas endémicos de las corporaciones locales centrados en el reconocimiento de la capacidad de gestión y en la insuficiente financiación, ha ahondado en ambos exhibiendo un concepto de Ayuntamiento como mero colaborador subordinado a otras administraciones territoriales.
En lo que respecta a las competencias municipales, elimina gran parte de las posibilidades de actuación de los ayuntamientos, dado que por un lado restringe las competencias propias municipales sobre todo en materia de acción social, educación y sanidad, y por otro limita casi por completo la capacidad para el desarrollo de competencias fuera de las expresamente reconocidas (las llamadas competencias impropias) tales como juventud, consumo, fomento empresarial, cooperación al desarrollo.
En estos momentos la incertidumbre y preocupación por los efectos de esta ley se centran en los servicios sociales de los ayuntamientos. La nueva redacción del artículo 25.2.e de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen Local sobre competencias de los ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales, señala que la única competencia propia de los ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
Aunque la transitoriedad en la aplicación de esta Ley supone que los municipios han dejado de tener competencias en la prestación de estos servicios básicos, aunque muchos de ellos las siguen prestando asumiendo gran parte de su financiación.
Se mantienen así la incertidumbre e inseguridad con respecto a los servicios sociales de los municipios, afectando a los trabajadores y trabajadoras así como a los usuarios de los servicios, y sobre todo ignoran claramente la necesidad de afrontar de forma urgente la financiación de esos servicios básicos ya que siguen siendo competencia de las CCAA, pero prestándose por los ayuntamientos, sin la financiación necesaria.
Es decir, algo cambia para que todo siga igual, manteniendo un sistema precario, que depende de las convocatorias anuales de subvenciones, condicionadas a la voluntad del Gobierno de turno.
Sin embargo, es una necesidad permanente el mantenimiento de los servicios sociales de proximidad prestados por los ayuntamientos si tenemos en cuenta los datos de pobreza severa que se mantienen en nuestro país, en nuestra región, en Zamora y sus pueblos, con un alto e inasumible porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo de IU presenta la siguiente moción de urgencia:
1. Instar al Gobierno de la Comunidad Regional a garantizar la continuidad de los servicios sociales municipales, así como su gestión por los ayuntamientos, con una financiación adecuada.
2. Remitir el presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, y a la Consejería de Bienestar Social de Castilla y León.