Moción exigiendo la paralización de las reválidas, derogar la LOMCE y revertir los recortes educativos
El pasado 29 de julio de 2016, el Gobierno en funciones aprobó en consejo de ministros el Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, pruebas comúnmente conocidas como reválidas, y previstas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Dichas pruebas, cuya puesta en marcha está programada para este curso 2016-2017, y que afectarán a alrededor de 335.991 alumnos de ESO y otros 229.332 de Bachillerato, obliga a los alumnos a tener que someterse a un examen antes de poder obtener el correspondiente título académico, aunque hubiese aprobado todas las asignaturas.
El alumnado de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato que suspenda la prueba, habiendo superado la ESO o Bachillerato, se verán expulsados del sistema educativo, dejando sin validez alguna los años cursados durante cada etapa o, en el caso de la ESO, abocados a retroceder en el sistema yendo a la Formación Profesional Básica (FPB) que ofrece un bajo nivel formativo y la cualificación profesional más baja que existe en España.
Este modelo de evaluaciones estandarizadas solo sirven para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado. Y es que las reválidas, por sí mismas, no mejoran ni cambian nada.
Está claro que las reválidas no están al servicio de la mejora de la educación, sino que su finalidad es seleccionar, y tienen efectos negativos sustancialmente perjudiciales:
a) La presión sobre los niños y niñas para que tengan resultados acomodados a las pruebas.
b) La deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, ya que no es el profesorado que tiene docencia directa con el alumnado el que lo evalúa.
c) La degradación de contenidos ya que se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para superar pruebas y exámenes.
d) El control sobre el trabajo docente y la pérdida de su autonomía educativa, al convertirse el profesorado en "preparadores de pruebas".
e) El coste económico para el sistema, por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido, cuando tengan que pagar academias para repetir la reválida.
f) La injusticia para el alumnado, que ha de jugarse en una prueba externa varios años de escolarización.
g) La publicidad de estas pruebas en rankings, en función de las puntuaciones obtenidas por el alumnado, que convierte la evaluación en un mecanismo de competición entre centros y no de cooperación.
En definitiva, estas pruebas sólo sirven para estigmatizar al alumnado, profesorado y centros, generando un mercado de elección de aquellos centros que ocupan lugares más destacados en detrimento del resto, incrementando las desigualdades estructurales, muy lejos del carácter compensador que debe tener el sistema educativo.
Frente a este modelo educativo neoliberal debemos apostar por un modelo educativo basado en enfocar la educación como un proceso de desarrollo integral de nuestras jóvenes generaciones y apoyar la lucha de los representantes de todos los sectores de la comunidad educativa (madres y padres, estudiantes y profesionales de la educación) contra los recortes presupuestarios educativos que superan ya los 7.000 millones de euros.
Por eso debemos defender un modelo de educación pública inclusiva, igualitaria, laica, de calidad, gratuita y democrática, único garante real del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes ACUERDOS:
1. Instar al Gobierno de la Nación a que derogue de manera inmediata el Real Decreto 31012016 por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
2. Instar al Ministerio de Educación, a que convoque con carácter urgente la Conferencia Sectorial de Educación para tratar la derogación de dicho Real Decreto, como así le han trasladado la gran mayoría de los Consejeros de Educación autonómicos.
3. Instar al Consejero de Educación de la Comunidad a que se sume a la reivindicación del resto de Consejeros autonómicos que abogan por un gran acuerdo de las Comunidades
Autónomas, rechazando la propuesta de Real Decreto del Gobierno y pidiendo la derogación inmediata del mismo.
4. Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad y al Ministerio de Educación a revertir los recortes en educación y equiparar la inversión en educación pública a la media de la UE del 6.2% del PIB en esta legislatura.
5. Instar a todos los partidos firmantes del acuerdo de derogación de la LOMCE a que lo lleven a cabo de forma inmediata cumpliendo su compromiso.
6. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, sindicatos de enseñanza y Asociaciones de Madres y Padres de Zamora.