google-site-verification: googleaccd199c3d209369.html Izquierda Unida Zamora: mayo 2016 Google+

31 de mayo de 2016

Moción en apoyo a Takbar Haddi

Los concejales del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora presentan la siguiente moción en apoyo a Takbar Haddi, de acuerdo a la fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Takbar Haddi es una mujer saharaui residente en Tenerife que pide justicia para su hijo después de que muriese en extrañas circunstancias en el Aaiún.  Es la madre de Mohamed Lamin Haidala y  denuncia que el  joven de 21 años fue agredido en el Aaiún, por cinco marroquíes que trabajaban en una tienda cercana a su casa el 31 de enero de 2015 y que, como consecuencia de esa agresión, sufrió una serie de heridas. Ya en el hospital no recibió la asistencia médica adecuada, fue detenido en dependencias policiales y falleció encarcelado a los pocos días. Desde entonces la familia reclama el cuerpo de su hijo, que se le practique una autopsia independiente en España y castigo a los culpables.

El Consulado de Marruecos en Canarias mantiene que Mohamed murió debido a una reyerta y que su familia "rechazó recuperar los restos mortales del difunto". Sin embargo, la familia insiste en que no se hicieron cargo del cuerpo, ya que las condiciones impuestas para hacerlo era que se renunciase a llevar a cabo cualquier investigación sobre lo sucedido, que no se realizara ninguna autopsia al cuerpo y que no se reclamase sanción o castigo para los culpables.

La lucha de Takbar Haddi, pidiendo justicia para su hijo la llevó a protagonizar una huelga de hambre durante 36 días ante el Consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canarias, protesta que tuvo que abandonar el 19 de junio de 2015 ante el deterioro de su salud, por lo que tuvo que ser hospitalizada.

A finales de ese mismo mes viajó a Estrasburgo, para exponer su caso ante el Parlamento Europeo, reclamando JUSTICIA. Cuando volvió de nuevo a continuar su protesta pacífica ante el consulado marroquí, la policía española la obligó a retirar las fotos de su hijo y la invitó a marcharse.

Desde hace más de un año, esta madre coraje acude cada día, haga frio, calor o llueva, frente a la Delegación del Gobierno de España en Las Palmas de Gran Canarias, para continuar su lucha, recogiendo firmas y exigiendo justicia. Su objetivo es que su causa no caiga en el olvido.

Takbar Haddi envió el pasado verano una carta al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, contándole el caso y su reivindicación. La misiva recogía también las demandas de todo el pueblo saharaui que vive oprimido y arrinconado en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

Moción en oposición al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)

Los concejales del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora presentan una moción para la Declaración de Municipio opuesto a la aplicación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), de acuerdo a la fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde 2013 la UE y EEUU están negociando, con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos  un amplio acuerdo de liberalización del comercio y las inversiones que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección  de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general.

En el caso de presentarse conflictos por parte de los inversores con los Estados, un tribunal especial de arbitraje se encargaría de resolverlos de acuerdo con el “Mecanismo de Resolución de Conflictos Inversor-Estado” (ISDS en inglés). Este tribunal tendría competencias para imponer compensaciones económicas de los Estados a los inversores extranjeros, siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas (p. ej. el aumento de estándares medioambientales o sanitarios) que reduzcan sus beneficios presentes o futuros. El Estado no podría en este caso recurrir la sentencia, ya que las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser cuestionadas.

Esto significa, de hecho, limitar la capacidad de las Administraciones Públicas de cualquier nivel (estatal, autonómico o municipal), para adoptar políticas en las áreas de salud pública, medio ambiente o protección social y laboral por temor a las posibles indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente al ser demandados por las ETN.

Asimismo, el TTIP instaura la creación de un ente permanente llamado Organismo de Cooperación Reguladora que supervisará todas las regulaciones y actos normativos de la UE y sus Estados miembros, incluidos los gobiernos a nivel central y local, concernientes a lo estipulado en cualquiera de los capítulos del TTIP,  dando acceso directo a los lobbies empresariales para influir y modificar en su beneficio  la legislación actual y futura. La cooperación reguladora, tal como se pretende establecer en el TTIP tendría como consecuencia que cualquier iniciativa reglamentaria municipal (p. ej. elaboración de las ordenanzas reguladoras de los polígonos industriales que incluyan criterios de sostenibilidad en el marco de las Agendas 21 Locales) podría cuestionarse por las ETN, debiendo pasar un filtro coste-beneficio y una evaluación de impacto comercial para poder aprobarse, lo que en la práctica llevaría a su bloqueo en la mayoría de los casos. Además, las posibles remunicipalizaciones de servicios privatizados por gobiernos anteriores devendrían prácticamente imposibles.

Este tratado supondría la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones.