TRAGSA, es una empresa pública que pertenece a
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): 51,0024%,
Dirección General de Patrimonio del Estado: 9.98%, Fondo Español de Garantía
Agraria: 38,96% y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria,
Extremadura, Galicia, Asturias, Aragón, Baleares, La Rioja, Murcia, Canarias, Cataluña,
Castilla La Mancha, País Vasco, Madrid y Navarra, titulares cada una de ellas
de una acción, que representan, respectivamente, una participación en el
capital social de 0.0033%.
Como Sociedad Anónima, la actividad de TRAGSA
ha arrojado resultados económicos positivos durante 35 años ininterrumpidos. La
coincidencia de los años mas duros de la crisis económica, la insuficiente
adaptación de la estructura de la empresa a la caída de la actividad y la
aprobación de la reforma laboral han propiciado que el 30 de septiembre de 2013,
la dirección de TRAGSA comunicara formalmente a la representación legal de los
trabajadores (Secciones Sindicales y Comité Intercentros) la intención de
iniciar un procedimiento de despido colectivo. Este procedimiento inicialmente
preveía el despido de cerca de 1400 trabajadores y tras el correspondiente
periplo judicial condujo al despido efectivo de 555 trabajadores entre final de
diciembre de 2015 y los primeros días de enero de 2016.
Ante la gravedad de los hechos, simultáneamente,
se convocaron las correspondientes movilizaciones por la representación de los
trabajadores y se estableció contacto con los diferentes grupos políticos y
organizaciones sindicales, que se han mostrado muy receptivos, hasta el punto
de lograr la aprobación el pasado 3 de febrero, por unanimidad de todos los
grupos representados en las Cortes de Castilla y León, de una Proposición no de
Ley en apoyo a los trabajadores del Grupo TRAGSA e instando a la dirección de la empresa, a través del
Gobierno del Estado, el inicio de conversaciones conducentes a la
reincorporación de todos los trabajadores despedidos.
Nada tiene que ver la situación actual del
grupo TRAGSA con la que se vivía hace ya casi tres años cuando se inició el
procedimiento. Hoy el volumen de los encargos ha aumentado de forma notable y
las previsiones de resultados que justificaron legalmente el PDC en 2013 no
concuerdan con la realidad de 2016. La práctica totalidad de los trabajadores
despedidos, ocupaban un puesto de trabajo efectivo y es un hecho que la empresa
se ha visto abocada a publicitar vacantes, para cubrir perfiles idénticos a los
despedidos, pero con personal eventual.
Sus 37 años de experiencia trabajando para las
administraciones públicas ha supuesto que este grupo empresarial publico haya
prestado sus servicios en la práctica totalidad de los subsectores del ámbito
agrario y medioambiental.
La distribución nacional de TRAGSA, que cuenta
con delegaciones en todas las provincias de las 17 comunidades autónomas
españolas, le permite responder, como medio propio, con rapidez y eficacia ante
cualquier requerimiento urgente de la administración central, autonómica o
local.
En la Comunidad de Castilla y León, TRAGSA ha
ejecutado y ejecuta proyectos e infraestructuras rurales, agrarias,
medioambientales y forestales, así como también acciones vinculadas a la
rehabilitación de edificios de las administraciones, o trabajos para paliar
situaciones de emergencia debidamente declaradas.
En nuestra capital, la actividad de TRAGSA ha
sido una constante, y aunque menos notable que en el medio rural de la
provincia, ha estado presente en de la reparación de caminos rurales en el
término municipal de Zamora promovida por la Administración Autonómica hace ya
varios años, también en los trabajos de acondicionamiento de la margen
izquierda del Duero a su paso por la capital o en la modernización del regadío
en Villagodio y otros enclaves integrados en la Comunidad de Pegantes del Canal
Toro-Zamora.
Los trabajadores han demostrado su voluntad
negociadora y su disposición para alcanzar un acuerdo justo mediante el que se
eviten los despidos y se recuperen los resultados económicos evitando utilizar
los fondos del Estado, recurriendo a las reservas voluntarias ya acumuladas.
Ante esta situación parece lógico pensar que al
igual que se pedía un esfuerzo a la plantilla, hubiera sido necesario la
reestructuración de la estructura directiva y los cargos ajenos a las
necesidades de producción. Pero por el contrario durante estos años de manifiesta
dificultad se ha seguido abonando los objetivos a mandos y directivos, sin que
los resultados supusieran impedimento alguno.
Presentamos la siguiente DECLARACIÓN ante el
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA:
1. Manifestamos que la ejecución del despido
colectivo en el grupo TRAGSA es perjudicial para los intereses del país y
en concreto del su medio rural, tanto en términos de empleo como de capacidad
para satisfacer buena parte de los compromisos adquiridos, dificultándose la
materialización efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la
administración.
2. Nos dirigimos al gobierno central y los
ministerios afectados por todos los cauces y con todas las actuaciones posibles
a fin de revertir la ejecución del mencionado despido colectivo en el Grupo
TRAGSA.
3. Instamos al Gobierno de España para que
exija a la dirección del Grupo TRAGSA la apertura inmediata de una mesa de
diálogo con la representación legal de los trabajadores, que permita
plantear un nuevo plan empresarial dirigido a fortalecer la capacidad de
producción y consolidar el empleo del grupo público empresarial.