IU denuncia que la candidata clara San Damián promovió un contrato abusivo contra el Ayuntamiento de Zamora
Desde
el 14 de abril de 2014 el Ayuntamiento se hace cargo de todos los gastos de
mantenimiento del Banco de España. A pesar de que la renta se pactó desde el 1
de enero de 2105 y que las obras no estarán antes de finales de 2016
El
Interventor calificó el contrato como “abusivo” en su momento y ahora comienzan
a verse los efectos del mismo. El
Estado, cuya representante en Zamora es Clara San Damián, a la sazón candidata
a la Alcaldía, promovió un contrato de alquiler del Banco de España cuya letra
pequeña atornillaba al máximo al Ayuntamiento en una operación
“desequilibrada” entre las partes tal y como en su día decían algunos informes.
En el archivo se adjunta
una factura del mantenimiento de los jardinesque rodean el edificio, y que
según consultas de IU, se facturan al Ayuntamiento desde el mismo día de la
firma del contrato (14 de abril).
Es decir desde esa fecha el Ayuntamiento se ha hecho cargo de todos los gastos
y tendrá que decir el PP, además de los jardines, de qué otros gastos se ha
hecho cargo, como puede ser la seguridad. Por supuesto ya se ha hecho cargo de
todos los tributos, como el IBI.
Ello quiere decir que,
además de los 7.500€ mensuales a partir del 1 de enero de 2015, hay que hacer
frente a otros gastos desde el 14 de abril de 2014, lo que añadido a que la obra no
estará finalizada antes de finales de 2016, significa que antes de entrar a
utilizar el edificio el Ayuntamiento habrá abonado bastante más de 200.000€. ¿Cómo justifica esa
cantidad la Subdelegada del Gobierno si, en su caso (que no lo creemos), fuera
Alcaldesa de la Ciudad?
Falta
por aprobar en Junta de Gobierno el Proyecto realizado y licitar la obra, lo
cual a dos meses de las elecciones ya no se hará hasta bastante después del
verano. La obra no estará finalizada
como mínimo hasta el final de 2016. De ahí, que hablemos de un gasto de
alquiler previo y mantenimiento superior a los 200.000€ simplemente por nada.
El contrato leonino firmado entre Segipsa y el
Ayuntamiento contemplaba lo siguiente:
1. Los impuestos y tasas corren a cargo del arrendador.
Eso significa que el Ayuntamiento ya no cobrará al Estado los 18.000€ de IBI al
año que estaba pagando el Banco de España. Hay que añadir los gastos derivados
de la obra, en concreto el impuesto de construcciones y la licencia que supondrían
unos 26.000€ de una sola vez.
2.
Respecto del coste de las obras, lo único claro es que el Estado (Segipsa)
aportará hasta un máximo de 346.000€ y el resto correrá a cargo del
Ayuntamiento. El Arquitecto Municipal valora las obras a realizar en 762.790€,
lo que significa que el Ayuntamiento debería poner como mínimo el resto, es
decir, 416.790€.
3. Como decimos, el Interventor informaba que se trataba
de un “contrato abusivo”. Su Informe
decía que:
“El contrato propuesto incurre en
desequilibrio imponiendo condiciones que podrían llegar a ser, no sólo
antieconómicas, sino incluso abusivas.
La duración del contrato por 10 años con obligación del Ayuntamiento de pagar
las rentas correspondientes a los mismos (lo que implica la obligación de
asumir, entre renta y obras, un coste aproximado de 1,5 millones de Euros), la transmisión total de todos los riesgos
del negocio a la Administración, incluyendo los riesgos de la obra necesaria
para simple habitabilidad del inmueble (no sólo de la adaptación para el uso
pretendido) que, de superar los costes
previstos, se asumirían por el Ayuntamiento, así como los riesgos de demora en las obras, incluida la demora en la
obtención de licencia, (transcurridos 7 meses desde la firma del contrato, debe
iniciarse el pago de la renta aunque las obras no hayan finalizado), la
paradójica alteración de las relaciones jurídicas tributarias establecidas en
las leyes-estatales por una sociedad de titularidad estatal, tanto en
cuanto a las relaciones jurídicas existentes, como en las que se puedan
establecer, trasladando la carga de todos los tributos presentes y futuros que
graven la propiedad, y no sólo de aquellos que graven el uso, la traslación al arrendatario de todos los
costes de mantenimiento del inmueble, incluidos aquellos que, especialmente en
contratos de duración tan prolongada, corresponden necesariamente a la
propiedad, llegando al extremo de desnaturalizar totalmente el contenido
propio de los contratos de arrendamiento al no garantizar el propietario el uso
pacífico del inmueble, son aspectos que deben ser corregidos. La aprobación del
contrato propuesto, sin reequilibrar las condiciones del clausulado tanto en
cuanto a asunción de riesgos, derechos y obligaciones, resultaría lesiva para la hacienda municipal no justificada por la
naturaleza supuesta del contrato.”
El
Estado no ha sido generoso con el Ayuntamiento. Como Subdelegada del Gobierno
podrá mostrarse satisfecha con el contrato. Pero como candidatadel PP a la
Alcaldía de Zamora, no puede mostrarse orgullosa de esta operación porque no ha
defendido los intereses de esta ciudad.