Las sentencias judiciales, con cerca de tres millones de euros, son el segundo gran acreedor del Ayuntamiento en 2013
Las sentencias judiciales, con cerca de tres millones de euros, son
el segundo gran acreedor del Ayuntamiento en 2013, tras los servicios
privatizados como la empresa Zamora Limpia
La relación de acreedores superiores a 100.000€ durante 2013 es
una radiografía del Ayuntamiento de Zamora
Sobre esa lista, la valoración
política que hace IU es la siguiente
1. Las sentencias y gastos jurídicos son el segundo gran acreedor. Así se
contabilizan las facturas del abogado Garrote Maestre en la defensa del
Ayuntamiento sobre el Edificio Municipal con la cantidad de 247.809€. En años
anteriores se le pagaron otras cantidades. Sumando las facturas del otro
abogado, Ignacio Esbec, el Edificio
Municipal se llevó 400.000€ en abogados y procuradores para vergüenza del
Partido Popular.
2. Además de los abogados, se contabilizan 2.196.652€ durante el
año 2013 para pagar la sentencia del Edificio Municipal. Hay que
recordar que 1.466.000€ se cargaron al Fondo de Contingencia de 2014. Y además
el pago de la sentencia al Obispado por
expropiaciones de la actual Terminal de Transportes 121.678€, o la sentencia
a la empresa que hizo la obra de San
Torcuato por retrasos en certificaciones de obras con otros 246.312€
3. Los bancos también se llevaron su parte 693.618€ en intereses y
amortizaciones. Hay que tener en cuenta que otros pagos a los bancos pero que no
se incluyen en la relación por ser inferiores a cien mil euros. La deuda
bancaria a día de hoy es algo más de 20 millones.
4. El resto de grandes facturas denotan que la mayoría de los
servicios públicos y esenciales están privatizados. La
recogida de basuras se lleva 4.909.652€. La lista sigue con las empresas de
siempre, Eulen, Telven, Clece, etc.
Sería interesante conocer el
resto de proveedores, es decir, los inferiores a 100.000€, ya que se vería que
algunos se llevan cantidades muy sustanciosas con contratos menores, incluso
con suministros muy pequeños (del entorno de mil o mil quinientos euros) que al
final del año facturan lo suficiente como para que el suministro hubiera salido
a contratación pública.
Nota:
se acompaña relación (elaborada por la Intervención) de proveedores superiores
a 100.000€. IU ha señalado en verde los gastos jurídicos y en amarillo lo
relativo a los bancos.