El contrato de ayuda a domicilio continuará prestándose por Eulen por decreto a pesar de estar anulado por sentencia firme desde diciembre de 2013
Recientemente
se ha emitido un Decreto avocando competencias de la Junta de Gobierno por el
que se obliga a la empresa concesionaria de la Ayunda a domicilio (Eulen) a seguir prestando el servicio hasta la nueva
adjudicación.El contrato fue anulado por Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia el 12 de diciembre de 2013. La prestación del servicio comenzó el
5 de noviembre de 2010 y se prorrogaba año por año hasta un máximo de 5.
La
Sentencia de anulación del contrato, que obligaba
a adjudicárselo a la empresa (Clece), provocó una indemnización sobre esta
empresa de 60.000€, recurrida por insuficiente. En todo caso, y puesto que
el Equipo de Gobierno ya anunció que no daría el servicio a la empresa que
decía el Juzgado, anunció a principios
de 2014 la inmediata licitación del servicio de ayuda a domicilio.
Sin
embargo, después de transcurrido un año, y cuando el 5 de noviembre debería
estar ya otra empresa concesionaria, y puesto que tampoco se puede prorrogar
con Eulen por estar anulado, la
Alcaldesa de Zamora lo que hace es echar mano de la cláusula de salvaguarda que
tienen todos los contratos de servicios públicos para que se sigan prestando
hasta nueva licitación.
En
definitiva, pasa también a estar en tierra de nadie, sin contrato y provocando
continuas llamadas al orden del servicio de Intervención.
Como
denunció el Grupo de IU hace tiempo, la
Alcaldesa hace años que se marchó del Ayuntamiento y abandonó completamente
todos los temas municipales. La ayuda a domicilio presta servicio a unos 400 usuarios y da trabajo a muchas
docenas de trabajadores. Mantener esta situación de indefinición es totalmente
negativo para todas las partes en un contrato que supera con creces el millón
de euros.
El
hecho de que se haga por Decreto, avocando competencias, y no por Junta de
Gobierno, que es el órgano sobre el que se delegó el servicio, significa que la Alcaldesa no quiere dar explicaciones
públicas sobre este tema.
Por
último añadir que la concesionaria de la
ORA, que lleva también prestando el servicio, anulado por Sentencia, y por
imposición del Pleno 8 años (¡), ha acudido al Juzgado para deshacerse de la
prestación del servicio y reclamando cantidades millonarias.