AYUNTAMIENTO. FORMACIÓN
IU pide que
se haga una auditoría del dinero gastado del fondo social europeo
Son muchos los escándalos de los cursos de formación en España
realizados con dinero del Fondo Social Europeo (FSE). Los últimos han salido en
Andalucía, antes en Madrid, e incluso antes en Castilla y León, en los
sindicatos mayoritarios, en la patronal y en entidades locales. La formación
parece sinónimo de corrupción. Demasiado dinero, demasiados contratos a dedo,
demasiada externalización de servicios… y demasiada vergüenza nacional y local.
En el Ayuntamiento de Zamora nunca se ha hecho una recopilación de lo gastado.
En este artículo vamos a intentarlo
Quince años
y más de 10 millones
Quince años y más de 10 millones: ésa es la síntesis. Dinero del
Fondo Social Europeo para cursos de formación, que en un tercio también
financió el Ayuntamiento de Zamora. El objetivo era reconvertir a los
trabajadores tras la reconversión industrial en España. Cursos de reciclaje,
becas de formación, subvenciones al autoempleo, etc.
¿Ha sido rentable la inversión? Habrá opiniones para todos los
gustos. Pero fijémonos en los resultados. Se trataba en unos casos de
introducir trabajadores en el mercado laboral, o en otros crear empresas.
Zamora tenía el porcentaje más alto de parados de Castilla y León,
y lo sigue teniendo. Todas las provincias contaban con inyección de fondos
europeos para formación, pero el desempleo no ha hecho más que aumentar. En ese
sentido, juzgando los resultados, todo indica que el dinero del Fondo Social
Europeo no ha servido para nada práctico. Sí ha servido para enriquecer a
algunos.
Nada
menos que 20.400 parados en la provincia
de Zamora, que suponen más del 25% de la
población activa ¡Y más de 10 millones de euros gastados en cursos de formación
en los últimos 15 años! Hoy peor que ayer. Pero, ¿qué ha pasado con todos estos
millones? ¿Pará qué han servido si es que han servido
para algo?
Debería
hacerse una Auditoría
10.655.000€ gastados son motivo suficiente como plantearse en el
Ayuntamiento de Zamora hacer una auditoría a posteriori. Lo podemos traducir a
pesetas: 1.768 millones.
Una auditoría para:
- Saber cuántos alumnos pasaron por los cursos de formación y -como se dispone de sus datos- comprobar sin alterar la Ley de Protección de Datos si están al día de hoy trabajando de lo que aprendieron, de otra cosa o simplemente están en el paro. En definitiva, ver resultados.
- Saber cuántos autoempleos fueron subvencionados por esos planes de formación, y si al día de hoy siguen en pie esas empresas o desaparecieron y, en todo caso, cuánto resistieron.
- Saber cuántos cursos se externalizaron con academias y centros de formación, y comprobar si todos los alumnos asistieron a los cursos. En su día se dio por hecho. Pero las últimas investigaciones, por ejemplo en las Comunidades de Madrid y Andalucía, han demostrado multitud de cursos fantasma auspiciados por la patronal de sector.
- Saber cuántos cursos se dieron en las dependencias municipales del Centro de Formación de San José Obrero -hoy ya sin el uso que tuvo en tiempos- y comparar los resultados con los obtenidos por las academias privadas. Comparar los resultados públicos y privados siempre es positivo
- Saber cuánto dinero de estos programas se devolvió a Europa por falta de justificación. A modo de ejemplo, del Programa Cauces se devolvieron más de 300.000€.
Otros dos
millones para las Escuelas Taller
Al margen de estos programas financiados en un 75% por el Fondo
Social Europeo y el 25% por el Ayuntamiento de Zamora, en los últimos años se
han financiado las llamadas Escuelas Taller “Almaraz” cuya sede está en unas
dependencias anexas a la Cárcel.
Son casi otros dos millones de euros. Su fin último era enseñar un
oficio a personas jóvenes y desempleadas. Fundamentalmente han sido operarios
de jardinería, construcción y energía solar.
También se debería hacer una evaluación global de los resultados
de todos los alumnos que han pasado por ellas.
Nubarrones
sobre la formación y sus negocios
No se trata de cuestionar toda la formación y a todos los que
viven de ella. De hecho, lo que ha saltado hace poco en Andalucía se refiere a
17 academias y el volumen de negocio cuestionado es de 1,5 millones sobre un
total de 2.000.
En Madrid se cuestionaron 17 millones, mucho más que en Andalucía,
y nadie apuntó al Gobierno. En Cataluña el negocio servía para financiar
directamente a algún partido de corte nacionalista que fue condenado en
sentencia firme.
El
fraude puede que afecte a una minoría de las academias, la minoría de la
estructura sindical y la patronal y la minoría de las administraciones
públicas. Pero estamos hablando de tanto dinero que bien se justifica una
investigación.
Ya lo advirtió el
Tribunal de Cuentas
Hace
más de 22 años el Tribunal de Cuentas advertía de fraudes masivos con el dinero
de la formación de trabajadores. Analizaba los 600 millones de euros gastados
por las fundaciones para la formación que tenían sindicatos y patronal. Detectó
“múltiples irregularidades” en la
gestión de los cursos: alumnos que no existían, cursos que se cobraban y no se
daban, e implicación también de empresas privadas. Al final recomendaba como
primera medida la devolución de 2 millones de euros. Sí, una pequeña cantidad,
pero mucho daño para la imagen de quienes representaban a los trabajadores y
empresarios.
Ya
entonces el Tribunal -refiriéndose a 1996, 1997 y 1998- en el informe de 2002
firmado por Ubaldo Nieto hablaba de
- Falsedad de los requisitos exigidos para acceder a las subvenciones.
- Imputación de costes por encima de la realidad en materia de personal, suministros, servicios y amortizaciones.
- Facturas multiuso” que se usaban para justificar gastos en varias administraciones.
- Cursos inexistentes con listados falsos de alumnos, partes de asistencia, etc.
- Reducción de las prestaciones aun manteniendo las subvenciones completas.
- “Cursillistas profesionales” que hacen que la cifra real de trabajadores que se benefician de cursos sea inferior.
A modo de moraleja
Todo
eso se decía hace más de 20 años. No parece que se haya avanzado mucho, ya que
los escándalos alrededor de la formación de trabajadores no ha hecho más que
crecer.
España
parece un país interesado en no combatir la corrupción. Si se quiere combatir
la corrupción urbanística hay que quitar competencias a los ayuntamientos; si
se quiere evitar la corrupción en la contratación hay que regular de otra
manera los contratos menores y procedimientos sin publicidad; si se quiere
acabar con la corrupción en la financiación de partidos hay que acabar con las
donaciones privadas de empresarios. Pero no se quiere.